El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha presentado dos mociones al próximo pleno de diciembre previsto para el martes 29 de diciembre. Una de ellas para instar al Gobierno central a regular el precio de los alquileres de viviendas y la segunda para expresar el apoyo al pueblo saharaui.
La primera moción incluye en sus acuerdos instar al Gobierno de la Nación aprobar una ley estatal de vivienda "que permita su desarrollo en el marco las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a los suministros básicos".
Asimismo, IU-Verdes propone el acuerdo para que el Gobierno estatal regule el mercado del alquiler de viviendas, "impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Además, se garantizará un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social y asequible, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes".
Por otra parte, la segunda moción de IU-Verdes propone al pleno expresar el apoyo al pueblo saharaui "ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos de Paz de 1991 y supone además una ruptura del Alto el Fuego". Entre los acuerdos de la moción se propone instar a la ONU el nombramiento de un enviado especial al Sáhara Occidental tras la dimisión del anterior en 2019; Realizar un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto el Fuego para que los enfrentamientos no deriven en una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta.
Por último instar al Gobierno estatal para que inste a la ONU a "cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir los funcionarios, tropas y fondos suficientes, para su celebración con garantías democráticas y absoluta transparencia".
Y también que el Gobierno español "como potencia administradora que tiene pendiente responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego".
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