La Audiencia Provincial de Murcia ha denegado la libertad a cuatro de los cinco detenidos por su implicación en varios robos, entre ellos, el perpetrado a principios de enero de 2019 en la estación de servicio Cepsa en la avenida Antonio Fuertes.
Sería uno de los últimos robos que cometerían, supuestamente, pues ese mismo mes fueron detenidos en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Algo más de un año después de las detenciones, su abogado defensor presentó un recurso de apelación solicitando la libertad que sustituyera la medida de prisión provisional por la de libertad con medidas cautelares más leves como la comparecencia periódica de sus clientes en los juzgados, la retirada del pasaporte para evitar su salida del país o una fianza.
La defensa de los procesados alega que todos ellos tienen arraigo en el país y dado que carecen de medios económicos sería inviable su fuga. El letrado defensor considera que tampoco se podría concluir que sus clientes podrían obstruir la acción de la justicia en tanto las investigaciones y diligencias en fase de instrucción han concluido. Alega también que las pruebas recabadas son meros indicios y que las acusaciones se basan en "sospechas" de la implicación de sus clientes en los hechos.
Además, sin que aún la Fiscalía haya realizado escrito formal de acusación y sin fecha para la celebración de un juicio, de producirse, opina que no se sostienen los motivos para que su cliente permanezca en prisión.
El tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia discrepa. recuerda que los cuatro procesados forman parte de un clan familiar que está siendo investigado por la presunta comisión de hasta 14 delitos, entre los que destacan, robos con violencia e intimidación, uso de armas, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, sustracción de hasta 10 vehículos, delitos de lesiones y de residencia a la autoridad policial.
Además, el tribunal enumera en su auto de resolución los delitos de los que presuntamente son autores, hasta 14, que comenzaron en el mes de noviembre de 2018 y uno de los últimos el perpetrado en la gasolinera de Alhama de Murcia y destaca algunas de las pruebas recabadas como los instrumentos y armas incautados en los registros de las viviendas con las que presuntamente cometían los atracos, así como perfiles genéticos coincidentes con algunos de los procesados.
La Audiencia Provincial recuerda al letrado que, aún sin un escrito de acusación del fiscal y con la instrucción finalizada, el procedimiento judicial está en una fase intermedia entre la instrucción y la celebración del juicio que no justifica adoptar las medidas que propone la defensa.
Considera el tribunal que la gravedad de los delitos investigados es "patente" y dado que las penas de prisión por éstos pueden ser elevadas, existe un "evidente" riesgo de fuga o de sustracción a la acción de la justicia. Y añade que aún con el arraigo que alega la defensa de sus clientes, el riesgo de una reiteración delictiva, es decir, la probabilidad de que vuelvan a cometer delitos, es "cierta", por lo que dados esos riesgos el tribunal rechaza la puesta en libertad de los cuatro.