El paquete tenía como destinatario una persona con domicilio en Alhama. Había llegado procedente de Uruguay y agentes de la Guardia Civil lo interceptaron en el Aeropuerto del Altet al generarles sospechas.
Ocurrió en abril de 2016 y ahora la Audiencia Provincial ha condenado por estos hechos a un año de prisión a un rumano de 28 años, la persona que aceptó la recogida del paquete postal. También está condenado el destinatario del envío, pero éste ha sido juzgado en otro proceso diferente.
Los magistrados explican en su sentencia que el acusado y la otra persona condenada acordaron con otros individuos no identificados la introducción de droga en España. Y para ello, decidieron utilizar el Servicio de Correos. De este modo, a finales de abril de 2016, el joven rumano, a instancias de su compinche, "aceptó la recogida de un paquete postal con remitente de Montevideo, en el que figuraba como destinatario el otro condenado, previa exhibición del DNI de éste".
Más tarde se presentó el destinatario del paquete (la persona juzgada en otro proceso diferente) "afirmando que el paquete era suyo". En ese momento, ninguno de los dos sabía que el envío había sido interceptado por la Guardia Civil días antes. Los agentes habían comprobado que ocultaba droga, por lo que solicitaron y obtuvieron del juez un auto para proceder a la entrega vigilada del envío.
En el interior del paquete, ocultos dentro de un disco duro de ordenador, había 97,56 gramos de cocaína envueltos en un plástico negro y con una pureza del 59,5%. La droga habría alcanzado un valor de 8.850 euros en el marcado ilícito.
Condenado sin juicio
En su escrito de acusación, el fiscal solicitó para el acusado una pena de un año de prisión por un delito contra la salud pública "en modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud", en grado de tentativa. Además, pidió que se le impusiera una multa de 3.000 euros.
El juicio no ha llegado a celebrarse porque en el momento de iniciarse, el acusado reconoció su participación en los hechos que se le imputaban y se conformó con las penas solicitadas por el fiscal.
El procesado ha permanecido en prisión preventiva más de cinco meses, por lo que los magistrados indican en su sentencia que se practique "a la mayor brevedad la oportuna liquidación de condena y comuníquese al centro penitenciario su nueva condición de penado, a los efectos de que pueda disfrutar de los beneficios penitenciarios que pudieran corresponderle".
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