El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas los criterios de reparto del Fondo de Liquidez no reembolsable, dotado con 16.000 millones de euros, de los que la Región ya ha manifestado su rechazo.
El pasado lunes la ministra María Jesús Montero se reunión vía telemática con los responsables de Hacienda de las CCAA para informar de los criterios de reparto que se basan en los gastos sanitarios y sociales provocados por la crisis sanitaria del coronavirus.
El importe del fondo se basa en las estimaciones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales, así como la caída de los ingresos propios por la menor actividad. De esta forma, se destinarán 10.000 millones para atender gasto sanitario; 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económica; y 1.000 millones para atender gasto social, informa el Ministerio en una nota de prensa.
Son recursos adicionales e independientes del sistema de financiación autonómico y de los fondos extraordinarios de liquidez (FLA o Facilidad Financiera). En ningún caso el desembolso del fondo supondrá que las comunidades reciban menos recursos por el sistema de financiación o vean reducido su acceso a los mecanismos extraordinarios de liquidez, que siguen plenamente vigentes, destaca el Ministerio.
La parte del Fondo No Reembolsable de 10.000 millones destinado a cubrir el gasto sanitario se abonará en dos fases. En el corto plazo se habilitarán 6.000 millones y, posteriormente, en el segundo semestre se pagarán los otros 4.000 millones.
En la distribución del primer tramo tienen más peso las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud. En cambio, en el segundo tramo, la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia porque se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote.
La ministra de Hacienda se ha comprometido a revisar su propuesta para que recoja también la visión y la opinión que han mostrado los consejeros autonómicos. En cualquier caso, la ministra ha señalado que las comunidades que han sufrido un mayor impacto de la pandemia serán las que más recursos reciban en la medida en que el fondo cubre el incremento del gasto sanitario generado por el virus.
La ministra de Hacienda ha dejado también abierto para el debate la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente a petición de los consejeros de Hacienda. Ambas variables son similares y ajustan el peso de la población en función de criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.
La ministra de Hacienda también ha comunicado a los consejeros de Hacienda que su propuesta es que los 1.000 millones destinados a cubrir el mayor gasto social se repartirán bajo el mismo criterio que el Fondo Social Extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo para hacer frente a la pandemia. En este caso, la población es la variable que tiene mayor peso, aunque también se tiene en cuenta aspectos como la superficie, la población dependiente, mayores de 65 años y menores de 16 años o la dispersión.
Finalmente, la ministra de Hacienda ha señalado que el criterio para repartir el tramo de 5.000 millones se determinará en función de la caída de ingresos propios de las comunidades autónomas. Montero se mostró favorable a que la fórmula exacta del reparto salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos.
Durante la reunión, que se prolongó más de tres horas, la ministra ha señalado que el Fondo No Reembolsable para combatir la emergencia sanitaria de 16.000 millones supone la mayor transferencia directa de liquidez que jamás han recibido las comunidades autónomas y evitará que las comunidades deban asumir recortes o se enfrenten a tensiones de tesorería como efecto de la pandemia.
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