Una empresa alhameña tendrá que readmitir a la empleada a la que despidió, después de que el Juzgado de lo Social haya declarado nulo el despido. Además, el empresario deberá indemnizar a su empleada con 6.500 euros por vulnerar su derecho fundamental al honor.
En julio de 2018 una vecina de Alhama y su marido fueron detenidos en una operación de la Guardia Civil por un presunto delito de tráfico de sustancias ilícitas.
La mujer fue arrestada en su puesto de trabajo en una tienda de Alhama tras recibir un paquete postal que estaba dirigido a su marido.
La mujer fue puesta en libertad, pero semanas después recibió la carta de despido de la empresa. "En la carta de despido la empresa imputa a la parte demandante haber utilizado, presuntamente, el centro de trabajo de la empresa como lugar de recepción de paquetes postales que contendrían sustancias ilegales".
Un despido disciplinario que, según argumenta el juez, la empresa no ha probado como corresponde, en base a la jurisprudencia, por lo que se declara nulo.
Tras el despido, el jefe de la empleada y propietario de la empresa mantuvo, según recoge la sentencia, una conversación telefónica "en la que le dijo que comunicaría a la gente del pueblo que (ella y su marido) eran los que habían cometido los hechos de tráfico de sustancias ilegales".
Y cumplió con lo que dijo, pues, según recoge el juez, el dueño de la empresa "difundió esta información en bares de la localidad, medios de comunicación local y por medios electrónicos de comunicación. Algunos vecinos de la localidad han preguntado a la demandante y a su cuñada sobre lo "que le había hecho a su jefe". La demandante y su marido han visto mermada su vida social en el pueblo".
Es por ello que el juez considera que el empresario ha vulnerado el derecho fundamental al honor de la mujer y establece una indemnización por daños morales de 6.500 euros por una infracción grave de este tipo de delito.
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