El fiscal pide una pena de tres años de cárcel para una mujer por cobrar hasta 2016 la pensión de viudedad de la madre de su pareja sentimental, un hombre falleció en 2007. La madre de éste, la beneficiaria de la pensión, llevaba muerta desde 1998, según el escrito de acusación.
La acusada nació en Alhama de Murcia en 1971 y carece de antecedentes penales. Era la pareja sentimental del hijo de la beneficiaria de la pensión, con el que residía con sus hijos en Las Torres de Cotillas.
El juicio comenzará este miércoles, 14 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Pensión de Suiza
La mujer muerta en 1998 era beneficiaria de una pensión de viudedad ordinaria suiza, que recibía desde 1985 en diversas cuentas.
La beneficiaria falleció el 6 de enero de 1998, pero su defunción no fue comunicada hasta el 22 de enero de 2016 por parte del Ministerio de Justicia español a la Caja Suiza de Compensación, que realizaba los ingresos.
El fiscal afirma que la acusada quiso obtener un beneficio patrimonial y lucrarse de lo ajeno. Por eso, no comunicó a las autoridades suizas el fallecimiento de la beneficiaria y continuó cobrando su pensión desde febrero de 1998.
La cuantía de la pensión era inicialmente de unos 240 euros. Luego subió unos 430 euros mensuales. El importe cobrado indebidamente es 79.296 euros.
Falsificaciones
El fiscal explica que la Caja Suiza de Compensación solicitaba certificados de vida para seguir pagando la pensión. En respuesta, la acusada supuestamente envió certificados manuscritos con la firma de un funcionario del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el sello consistorio, sin que éste lo supiera.
También aportó sellos del Registro Civil y del Juzgado de Paz de Las Torres de Cotillas. Para ello, aprovechó el certificado de defunción de su pareja. Traspasó el sello y la firma del funcionario al escrito que certificaba la fe de vida de la beneficiaria, siempre según el escrito de acusación del fiscal.
La mujer se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un delito de estafa agravada por la cuantía y otro continuado de falsedad documental. Además, el fiscal pide que indemnice con 79.296 euros, más los intereses legales, a la Caja Suiza de Compensaciones.
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