La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado de manera definitiva el archivo de la causa contra el ex alcalde Diego Conesa por la no tramitación de la multa que la Policía Local impuso en marzo de 2016 a Juan Romero, concejal de Izquierda Unida.
El auto de los magistrados, fechado el pasado 18 de julio, confirma el dictado el 14 de diciembre de 2021 por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Totana, que tampoco apreció indicios de criminalidad en la actuación de Diego Conesa. No obstante, esa decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial tanto por el Partido Popular (acusación popular) como por José Clares, ex sargento-jefe de la Policía Local (acusación particular). Ambas partes insistieron en su recurso en la presunta prevaricación de Diego Conesa al no tramitar la multa.
Sin embargo, tanto la jueza como los magistrados consideran que los supuestos indicios presentados por las dos acusaciones son sólo "meras sospechas". Además, el tribunal de la Audiencia Provincial reprocha al sargento-jefe de la Policía Local la "tramitación irregular de la sanción", paradójicamente el mismo reproche en que basa su acusación el antiguo mando policial conta el ex alcalde Diego Conesa.
Los magistrados explican que el entonces sargento-jefe "en vez de remitir el boletín sancionador a la oficina administrativa para que le dé curso, como era lo habitual, lo envía al alcalde", no con el fin de que se iniciara el expediente sancionador sino para que se abriera un expediente informativo al concejal Juan Romero para su conocimiento por el Pleno.
El tribunal considera que esa iniciativa del entonces sargento-jefe de la Policía Local "introdujo un elemento gravemente irregular y perturbador en la tramitación de las sanciones levantadas por la Policía Local". Este hecho, continúan el auto de la Audiencia Provincial, pudo provocar su olvido por el alcalde o el concejal de Seguridad. Ambos, explican los magistrados, pudieron confiar "en que la cuestión administrativa habría seguido su cauce ordinario en paralelo a la política, que era lo esperable".
Los magistrados consideran que "la primera anormalidad" la cometió el entonces sargento-jefe, José Clares. "No se comprende en términos legales que un jefe de la Policía Local le dé a una denuncia una tramitación diferente a la habitual", se recoge en el auto de la Audiencia Provincial. Añade que "si el citado jefe entendía que el tema podía ser objeto de una investigación por la propia corporación y abordado por su pleno... debió participarlo así, pero sin alterar el discurrir burocrático... de cualquier boletín sancionador, pues ambos cursos, el administrativo-sancionador y el político, eran compatibles". Y señala que Clares no debió dar preferencia al curso político sobre el sancionador "y derivar su responsabilidad a otros, precisamente a los que ahora pretenden sentar en el banquillo".
Además, afirma la Audiencia Provincial, aunque el alcalde hubiera decidido abrir la causa política contra el concejal Juan Romero, era probable que tampoco se hubiera tramitado la sanción porque en este caso el sargento-jefe había alterado el procedimiento burocrático habitual.
En cambio, el sargento-jefe "lo hizo mejor" en una ocasión posterior con una denuncia presentada el 6 de mayo de 2017 contra el Club Escuela de Fútbol de Alhama. En este caso, explica la Audiencia Provincial, José Clares "abrió los dos conductos antes marcados al interesar la tramitación del correspondiente expediente y para conocimiento de la Concejalía".
Careo Conesa-García
Los magistrados también rechazan el careo propuesto por el sargento-jefe y el Partido Popular entre el ex alcalde Diego Conesa y el concejal de Seguridad Felipe García. El tribunal desestima esta petición porque las acusaciones no han concretado "qué es lo que puede aportar el careo que se reclama".
Además, la Audiencia Provincial recuerda en su auto que "las genéricas e indiscriminadas peticiones de prueba... se hallan incursas en abuso de derecho, máxime en este caso, en que no puede descarterse la instrumentalización de la diligencia con fines políticos y mediáticos".
Los magistrados conciden con el criterio de la juez instructora y la Fiscalía. Por lo tanto, desestiman los recursos de apelación en un auto contra el que ya no caben más recursos. En su opinión, "las circunstancias que rodearon la pasividad del denunciado degradan a la categoría de meras sospechas los indicios que blanden los recurrentes".
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