El concejal de Izquierda Unida-Verdes, Juan Romero, ha informado de la presentación de su grupo municipal de cuatro alegaciones a la modificación de las ordenanzas fiscales aprobadas en el pleno del pasado mes de octubre.
En su escrito, presentado en registro este miércoles, recoge cuatro alegaciones tras las cuales solicita a la alcaldesa Mariola Guevara dejar sin efecto la subida de impuestos aprobada con los votos del PSOE y se adecúen los tipos impositivos en un “sistema tributario justo”.
Subida “elevada y desproporcionada”
Romero alega que la subida del IBI urbano y rústico es “elevada y desproporcionada” con un 0,08 y 0,1, respectivamente, que reflejará en el recibo de los vecinos de 2020 unos incrementos porcentuales “del 15,69% en urbano y del 16,15% en rústico”.
IU-Verdes recuerda que este impuesto ya experimentó una subida “considerable” con la modificación en 2008 de los valores catastrales y su posterior revisión en 2015.
Ello implicó que “en el periodo 2008-2015 en un incremento de la base imponible del 114,15% y del importe del recibo del 117,84%, en tanto que el incremento del IPC acumulado en este periodo sería del 8%, lo que supone un diferencial de casi el 110%”.
Penalización a los vecinos con menos recursos
Romero destaca que esta subida de los IBI urbano y rústico “afecta de manera especial a personas con menos recursos”.
Y argumenta que “la situación es especialmente grave para muchos propietarios de vivienda que apenas cuentan con ingresos: parados, pensionistas, viudas, familias monoparentales, etc.”.
“Esta subida no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente y que opera justo en el momento en que se produce una pérdida generalizada y aguda del valor de los bienes que precisamente se pretende gravar: Los inmuebles”, añade en su escrito.
Por todo ello, Romero concluye en su alegación que “es responsabilidad de la Corporación Municipal y, en especial de la Alcaldesa, vigilar” dos principios constitucionales, a saber, “el establecimiento de un sistema tributario justo, que tenga en cuenta la capacidad económica del vecino y la equidad (art. 31 de la Constitución y el art. 3 de la Ley General Tributaria) y la protección al derecho a la vivienda (art. 47 de la Constitución)”.
Revisión urgente
En consecuencia de las alegaciones descritas, Romero solicita a Guevara que deje sin efecto la subida de impuestos aprobada en el pleno de octubre así como realizar una revisión urgente del impuesto del IBI urbano y rústico para paliar los “efectos negativos de la subida acumulada” que ya viene sucediendo desde 2008:
- "Que revise a la baja el tipo impositivo del IBI en el margen legal permitido;
- Que integre en la Ordenanza Municipal del Impuesto, las bonificaciones permitidas por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
- Que apruebe subvenciones específicas para ayudar al pago del recibo del IBI de los vecinos con menor capacidad económica;
- Que compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso el 50% de su valor de mercado, tal y como exige la aplicación conjunta de la normativa aplicable: el art. 65 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 23.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario y la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda del 14 de octubre de 1998;
- Que en ningún caso incremente los valores catastrales del municipio, sino que los baje en la medida en que lo permita la normativa vigente para adecuarla a la reducción de los valores de mercado”.
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