Los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real deberán decidir en los próximos días si envían dos años y cuatro meses a la cárcel al acusado. Esa es la pena que solicita el fiscal para el presunto autor de un delito de estafa cometido en enero de 2015 y del que supuestamente fue víctima un vecino de Alhama. El juicio ha quedado visto para sentencia.
El procesado, condenado en 2006 por estafa, está acusado de publicar una oferta de trabajo que resultó ser falsa y que utilizó para engañar a E.C.R., que hace cuatro años se encontraba desempleado. Por este motivo, a finales de 2014 se interesó por el empleo que ofrecía J.M.S., un vecino de Ciudad Real al que el denunciante entregó 760 euros. Ese dinero iba a ser destinado al pago del alquiler de la vivienda en la que supuestamente el trabajador iba a alojarse.
El vecino de Alhama se desplazó en 2015 a la capital manchega para incorporarse a la actividad en una empresa del sector agrario. Antes había hablado por teléfono con el supuesto estafador y establecieron las condiciones. El acuerdo era que el trabajador cobraría por proyecto realizado y además entregaría por giro postal 760 euros para el alquiler del piso.
El vecino de Alhama consideró que la oferta era seria y aceptó las condiciones. Más tarde viajó a Ciudad Real, donde permaneció los días 12 y 13 de enero de 2015. Entonces, la situación cambió. El supuesto estafador comenzó poner diferentes excusas e incluso convenció a la víctima para que se alojara en un hotel porque aún no podía ocupar la vivienda por la que había adelantado los 760 euros.
Finalmente, el vecino de Alhama se sintió engañado y decidió denunciar los hechos. El acusado prometió devolverle todo el dinero. Sin embargo, a pesar de los más de cuatro años transcurridos desde los hechos, el presunto estafador no lo ha hecho.
El caso se ha juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y ha quedado visto para sentencia. El tribunal deberá decidir ahora si están probados los hechos de los que se acusa al supuesto estafador, que ya había sido condenado en 2006 por un delito similar. Por esta razón el fiscal considera que existe el agravante de reincidencia en su conducta.
Además de los dos años y cuatro meses de cárcel, el Ministerio Público solicita que el tribunal obligue al acusado a devolver 900 euros al denunciante.
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