La iniciativa contra las gasolineras low cost que finalmente no quedó recogida en el orden del día del Pleno de abril y la aprobación de una instancia al Gobierno regional para que desarrolle la reforma de la ley de apoyo a familias necesitadas que aprobaron PSOE, Podemos y Ciudadanos hace dos años son las otras dos mociones que Izquierda Unida ha presentado para su debate en el Pleno de mayo.
IU-Verdes recuerda que en mayo de 2016, los grupos de la oposición en la Asamblea regional acordaron reformar la ley de Vivienda y la del Estatuto de Consumidores y Usuarios. La medida, de apoyo a las familias que atraviesan una situación económica difícil, salió adelante con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo del PP debía desarrollar el reglamento de la misma para que se pudiera aplicar.
Han transcurrido dos años desde entonces y dicho reglamento no existe. "Todo esto nos demuestra la insumisión del Gobierno del señor López Miras al cumplimiento de una ley emanada de la Asamblea Regional, parlamento que le otorga su legitimidad como Gobierno", afirma en su moción Izquierda Unida.
Gasolinera low cost sin atención personal
Las gasolineras low cost, que no cuentan con personal de atención, "suponen una vulneración hacia las garantías de seguridad y cumplimiento efectivo de los derechos de los consumidores y usuarios en las tareas propias de repostaje de carburantes", afirma Izquierda Unida-Verdes. Así está recogido en la moción que este grupo presentó para su debate en el Pleno de abril, aunque finalmente no quedó incluida en el orden del día. IU la ha vuelto a presentar para que sea debatida en la sesión de mayo.
En su moción, IU argumenta que este modelo de negocio está "provocando situaciones peligrosas hacia la ciudadanía y seguridad de los consumidores, provocando situaciones de vulneración de derechos hacia colectivos, además de una competencia desleal con el resto del sector, provocando la pérdida de puestos de trabajo". De hecho, afirma esta formación política, ya ha causado la pérdida de unos 4.000 empleos "y su imposición amenaza con la destrucción de hasta 30.000 puestos de trabajo".
Por estas razones, Izquierda Unida insta al Ayuntamiento a que haga "efectiva la prohibición de este tipo de prácticas en las estaciones de servicio del municipio". Y pide que las gasolineras de Alhama "dispongan de personal para atender al público durante todo el tiempo que permanezcan abiertas al público".
IU afirma que existen informas que alertan de "potenciales riesgos de seguridad relacionados con medidas de seguridad, ausencia de control y garantías, generadas por estas prácticas comerciales sin empleados en lugares donde se expiden sustancias potencialmente peligrosas".
Por otro lado, esta formación considera que no es posible realizar las tareas de inspección en estas estaciones de servicio ya que para poder llevarlas a cabo, "las administraciones competentes se ven obligadas a avisar con antelación a sus propietarios para que dispongan de personal para recibir a los inspectores". Esta circunstancia, en opinión de IU, "facilita poder incumplir con todas las medidas a las que están obligadas al conocer el día y la hora de la llegada de la inspección".
Y además, denuncia esta formación, las gasolineras low cost sin empleados que atiendan al público son "un factor de discriminación hacia colectivos de personas con discapacidad, personas de movilidad reducida... debido a que sin la existencia de una atención de personal disponible ven vulnerados sus derechos básicos fundamentales de autonomía y accesibilidad, entre otros".
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