El concejal de Hacienda, Felipe García, ha informado este lunes de la propuesta que llevará al próximo pleno para la modificación de algunas ordenanzas fiscales. Esta modificación supondrá un incremento del impuesto de Actividades Económicas (IAE), el ICIO, el IBI urbano y el IBI rústico.
Esta subida estará, no obstante, condicionada, ha explicado García, a que el Gobierno Regional asuma los gastos de competencias que le son propias, como Educación y Servicios Sociales, y que el Ayuntamiento viene costeando desde 2013.
Este anuncio viene de la mano de la carta que ha enviado esta mañana la alcadesa Mariola Guevara al presidente de la Región, Fernando López Miras, reclamando que asuma el gasto de las competencias que son de la Región y no del Ayuntamiento.
En este sentido, el edil de Hacienda ha insistido en que las ordenanzas fiscales reseñadas volverán a modificarse a la baja una vez el Ejecutivo Regional se haga cargo de los gastos de sus competencias como lo son en materia de Educación y de Servicios Sociales.
Con las modificaciones, el Consistorio alhameño espera poder incrementar los ingresos en cerca de 1,5 millones de euros anuales y así poder hacer frente a los gastos de Educación y Servicios Sociales de los que la Región no se hace cargo y que suponen un gasto para nuestro municipio de similar cantidad.
García ha explicado que el hecho de tener que venir asumiendo estos gastos impide que el Consistorio pueda invertir en la mejora del municipio. No obstante, las bonificaciones fiscales actuales se mantendrán como hasta ahora y, además, se propondrá al pleno la aprobación de medidas adicionales para facilitar el pago a los vecinos que tienen más dificultades.
Nuevos coeficientes a aprobar
Así pues y "con el objetivo de seguir manteniendo las inversiones y servicios que se prestan", ha recalcado el edil de Hacienda, se actualizarán las siguientes ordenanzas:
- El coeficiente del impuesto de Actividades Económicas (IAE) será del 1,05;
- El ICIO del 3,4
- El IBI urbano, del 0,59
- Y el IBI rústico, del 0,72
El IAE (Impuesto de Actividades Económicas) solo se aplica a empresas que facturan más de un millón de euros, y su coeficiente actual se sitúa en el 0,75, siendo la media regional de 1,2.
En cuanto al ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) su valor en este momento es de 2,75 y la media regional 3,4.
El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) urbano está en el 0,51, siendo la media de la Región el 0,64. Y el IBI rústico el tipo impositivo actual es del 0,62, cuando la media regional está en el 0,87.
Con ello el Ayuntamiento espera disponer de 1,4 millones de euros más en el capítulo de ingresos en la conformación de los Presupuestos Municipales de 2020.
Por otra parte, en estas Ordenanzas Fiscales también se incluye la ampliación de los plazos de pago en hasta 36 meses (actualmente el límite máximo son 18 meses), para facilitar en todo lo posible el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de aquellos vecinos y vecinas de Alhama con dificultades.
Además, plantea la bonificación del 40% en el IBI rústico para familias numerosas y monoparentales, "que se suma a la reducción de más de un 50% de la legislatura pasada que benefició a los propietarios de parcelas rústicas catalogadas como urbanas en el extrarradio de la localidad", recuerda.
El texto también mantiene la bajada del recibo de la basura en un 30% para las personas mayores de 65 años y personas que viven solas con escasos recursos económicos, una medida que se viene aplicando desde 2016.
Configuración de los próximos presupuestos
El edil de Hacienda ha aseverado que esta modificación fiscal supondrá unos mayores ingresos al Consistorios. La estimación económica de los mismos servirá para configurar los Presupuestos Municipales del año 2020 en los que la Concejalía ya está trabajando.
En su exposición, García ha explicado la evolución económica del Ayuntamiento estos últimos cuatro años, cuando "en 2015 había algo más de 3 millones de euros en deudas con los bancos y sentencias que pagar". Además de "saldar todas estas deudas", ha señalado, "hemos avanzado en la transformación de Alhama, realizando una gestión económica transparente y exprimiendo hasta el último euro del que disponíamos".
García también ha hablado de "restricciones económicas" a raíz de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "que nos impide reinvertir los ahorros en el municipio y solo podemos hacer uso de ellos para el pago de sentencias judiciales. En diciembre de 2018, el ahorro de nuestro Ayuntamiento ascendía a 7,4 millones de euros, que por esta circunstancia no hemos podido tocar".
El concejal se ha quejado de que "no hemos tenido ningún apoyo de la Comunidad Autónoma al no hacerse cargo de los gastos e inversiones que le corresponden en educación, empleo, y servicios sociales, entre otros, que ascienden a 1,5 millones de euros al año". En este sentido ha indicado que "en los últimos cuatro años, nuestro Ayuntamiento ha tenido que sufragar unos 6 millones de euros que no le correspondían".
Para García "el Gobierno Regional no ha cumplido con su obligación de redactar y tramitar una Ley de Financiación Local que dotaría, según nuestros cálculos, con unos 2 millones de euros al año, al municipio de Alhama y que, al no salir adelante, ahoga las cuentas de éste y todos los Ayuntamientos de la Región".
Por otra parte ha recordado "los mazazos económicos que hemos tenido que soportar en estos años". El más determinante "ha sido la caída de ingresos por IBI de las finas o complejos urbanísticos sin desarrollar, situadas en terrenos próximos a donde se se iba a levantar el parque temático de la Paramount". Y añade "tuvimos que coger el toro por los cuernos y pinchar la burbuja inmobiliaria que arrastrábamos de la Ley del Suelo del año 2001, porque los tribunales de justicia, a través de sentencias, nos han venido a decir que los valores de antes de la crisis han quedado muy lejos de los actuales de mercado", lo que ha provocado un descenso de ingresos de más de un millón de euros.
Otro ejemplo que ha dado el Concejal es el de las Plusvalías. "En el año 2017 el Tribunal Constitucional dictaminó que no se podía cobrar este impuesto cuando la transmisión de terreros de naturaleza urbana se realice a pérdidas. Las consecuencias de ello es que entre finales de 2017 y 2018 tuvimos que devolver cerca de cinco millones de euros que teníamos en los bancos".
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