El desahucio estaba previsto a las 10.30 horas de este miércoles. Una familia formada por un padre que sufre una discapacidad reconocida por el Ayuntamiento de Alhama, su mujer con un sueldo a media jornada y tres hijas, dos de ellas menores, iba a ser puesta hoy en la calle pese a que no deben ningún recibo y que tienen un contrato de alquiler social en vigor.
Finalmente, el juzgado que había ordenado el desahucio ha paralizado el desalojo en el último momento.
La abogada de la familia, Pilar García, explica que el problema surgió a raíz de una demanda que recibió la familia indicando que no habían pagado el alquiler. En ese momento, los inquilinos se pusieron en contacto con el fondo buitre propietario de la vivienda, en lugar que acudir a un letrado.
Tras justificar que estaban al corriente del pago del alquiler, el fondo buitre les aseguró que se había tratado de un error por su parte y que, por lo tanto, no debían preocuparse. Sin embargo, la demanda continuó en el juzgado y los plazos continuaron corriendo sin que la familia lo supiera, explica la abogada de la familia.
Finalmente, el juez ha dictado sentencia por impago y ha ordenado el desahucio. Aunque el desalojo ha podido se paralizado en el último momento.
A pesar de que se han cumplido todos los plazos, la abogada Pilar García señala que los inquilinos reúnen todas las condiciones de una familia vulnerable y ha solicitado la suspensión del desahucio durante al menos 2024 en base a una ley que impide el desalojo hasta el 31 de diciembre de personas en una situación como las afectadas en este caso.
En ese tiempo, la letrada tratará de llegar a un acuerdo con el fondo teniendo en cuenta que la familia no ha dejado de pagar sus recibios de alquiler en ningún momento. De hecho, la abogada está valorando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el fondo buitre propietario de la vivienda.
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