El concejal de Urbanismo, Antonio José Caja, ha salido al paso de las declaraciones realizadas este viernes por la concejal y portavoz del Grupo del PP de Alhama, María Cánovas, sobre la denuncia interpuesta contra Conesa por las supuestas irregularidades en el expediente urbanístico del Cash Costto.
Recuerda Caja que tiene conocimiento de esta denuncia por la llamada de un periodista y asegura que desde entonces la denuncia "ha ido evolucionando", según se han ido justificando o desmintiendo, ha afirmado, cada punto de la citada denuncia.
El concejal explica que han demostrado que se multó a la empresa, que no existe relación de parentesco con Conesa y su esposa y todo el expediente cuenta con los informes técnicos favorables. "La denuncia evoluciona porque todo lo vamos justificando y desmintiendo, lo que va haciendo que esta concejala del PP tenga aque iimprovisar nuevas mentiras y dudas para mantener el tema vivo que es lo único que persiguen", afirma Caja.
El edil socialista asegura que están "muy cabreados" porque consideran que con esta denuncia se han sobrepasado "líneas rojas". "Es la primera vez que un partido pone en duda el criterio técnico, el honor y el saber hacer los técnicos" del Ayuntamiento, y es que, abunda Caja, la denuncia incluye "a la arquitecta municipal y a otros tres técnicos que participaron en el expediente".
"Lo que quieren es ruido y más ruido, pero lo que hay es ignorancia, atrevida y desmedida", afirma Caja y agrega que la concejal popular "no tiene ni idea de procedimientos administrativos, de urbanismo, del plan general de Alhama y dice disparates".
El concejal de Urbanismo explica que en la apertura del supermercado no estaba previso un espacio anexo para otro negocio en el interior de la nave, porque así se superaba el límite de 1.200 metros cuadrados establecidos por la normativa para todos los supermercados. Indica Caja que se ordenó la suspensión de la actividad que no fue acatada por la empresa por lo que "se envió al juzgado" por un posible caso de desobediencia al tiempo que la empresa presentó alegaciones que se estimaron porque las obras habían concluido y no suponían un peligro. "Por eso el decreto no suspende la actividad", afirma.
Continúa el edil explicando que el expediente sancionador se lleva al final de su trámite y desmiente que se aplique la multa mínima. "Según la Ley del Suelo regional", explica Caja, las sanciones se imponen del 1 al 10% y en todo momento se mantuvo el porcentaje máximo. "Las obras fueron de 40.000 euros y por eso la sanción es de 4.000 euros y no del 1% como dice alegremente el PP. Ni teniendo los papeles delante, saben lo que dicen".
El concejal de Urbanismo recuerda que entre 2017 y 2018 el concejal popular que solicitó el expediente hizo copia del mismo. Asegura Caja que "se lo lleva todo y han tardado dos años".
"Pedimos que recapaciten, que pongan cordura porque cruzan líneas rojas, faltan a la verdad y al honor y meten en medio de este lodazal al Ayuntamiento y a técnicos", concluye Caja.
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