"El proyecto (actual del AVE) supone un cambio de trazado respecto al que se conocía en 2012 que siendo conocido por los Ayuntamientos de Totana y Alhama de Murcia no han comunicado a los afectados, obviando así sus obligaciones". Esta afirmación figura en la Proposición no de Ley presentada el 12 de junio por el Grupo Popular para su debate en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados con el objetivo "prorrogar el plazo de información pública, a efectos de expropiaciones, del proyecto de construcción de plantaforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería".
En el documento, firmado por el portavoz popular Rafael Hernando, se acusa de "inacción" a los Ayuntamientos de Alhama y de Totana, que junto a Murcia, Librilla y Lorca son los municipios afectados por la construcción de "esta infraestructura de interés público y esencial para la vertebración y economía murciana y española". La obra afecta a un total de 1.255 fincas de los cinco municipios, pero el Grupo Popular sólo considera que pueden estar perjudicados los derechos de los vecinos de Alhama y Totana debido a la "inacción" de sus respectivos ayuntamientos. Por ello, con el fin de "dotar a todos los ciudadanos de las máximas garantías posibles", los populares solicitan una ampliación del plazo. Además, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a "suplir en la medida de lo posible la falta del deber de información de los ayuntamientos afectados".
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