"Hay que mantener los trasvases en sus condiciones actuales, dejando el caudal que haya que dejar en el río y para la cuenca cedente. Pero también hay que subvencionar el agua de las desaladoras porque con los costes energéticos es imposible gastar el agua a esos precios". Esas son las peticiones que los agricultores defenderán en la protesta del próximo 11 de enero en Madrid, explica Alfonso Romero, secretario de la Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia.
Los Regantes convocaron ayer una reunión informativa (VÍDEO) en el Círculo Instructivo Obrero para informar a los comuneros y a la ciudadanía en general de los problemas que van a existir en un futuro en el Levante español con los recortes del Trasvase Tajo-Segura que se avecinan.
Romero explica a Siete Días Alhama que el incremento de los caudales ecológicos que pretende el Gobierno de España provocará que llegue 105 hectómetros menos de agua cada año. Esa cantidad representa un tercio de agua que actualmente está llegando al Levante desde el Tajo. En los últimos 40 años se han recibido unos 320 hectómetros anuales, por lo que serán necesario recurrir al agua de la desaladora.
Sin embargo, explican los Regantes, los agricultores se han visto sorprendidos con el precio que ha puesto el Gobierno para el agua de las desaladoras: 1,40 euros el metro cúbico o 200 euros la hora.
"Ese precio es inadmisible. Es insostenible. ¿Quién va a cultivar a ese precio? Hay que cerrar", asegura Alfonso Romero, que reclama al Gobierno que prorrogue el decreto que caducó el 31 de diciembre y que subvencionaba el agua desalada.
"¿A esos precios, qué cultivo va a ser rentable? Habrá que abandonar los cultivos, abandonar el campo. Eso supondría una pérdida impresionante de puestos de trabajo", asegura Francisco Abellán, vicepresidente de la Comunidad de Regantes de Alhama.
Abellán advierte de que esta situación "nos afecta a todos, no sólo a los agricultores. Tiene que concienciarse toda la ciudadanía" ya que, afirma, el problema acabará trasladándose al precio que los hogares pagan por el agua para consumo humano.
Además, con ese coste del precio para la agricultura están en peligro entre 9.000 y 15.000 empleos en el Levante español, contabilizando trabajo directos e indirectos. En Alhama de Murcia la Comunidad de Regantes calcula que unas 500 o 600 personas se verán afectadas económicamente, aunque no todas irían al paro.
Su esperanza es poder cambiar esta situación con la protesta del próximo 11 de enero en Madrid, aunque reconocen que es difícil. "Estamos viendo que la ministra toma las decisiones unilateralmente, sin tener en cuenta ninguna consideración técnica sino a su criterio. Estamos viendo que esto no tiene muy buena solución", explica Romero.
En cualquier caso, confían en llenar un par de autobuses de Alhama, como mínimo, entre agricultores y ciudadanía en general. Sin esa presión en la calle, no habrá ninguna posibilidad de revertir la situación, aseguran los responsables de la Comunidad de Regantes.
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