La reciente sentencia nº 121/2025 del Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia deja sin margen de interpretación política lo ocurrido en el Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
La Justicia ha declarado nulo el despido de una trabajadora social municipal por vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la integridad moral y a la tutela judicial efectiva, condenando al Ayuntamiento a su readmisión, al pago de los salarios dejados de percibir y a una indemnización por daños morales.
Lejos de asumir responsabilidades, la concejala de Igualdad, Nani Navarro, ha comparecido públicamente intentando eludir cualquier responsabilidad política, minimizando los hechos y trasladando un mensaje de “yo no he hecho nada” que choca frontalmente con lo que recoge una sentencia judicial por escrito.
El fallo judicial acredita que la trabajadora fue excluida del servicio CAVI sin causa objetiva ni motivación razonable, pese a la continuidad del programa y a la existencia de financiación pública específica.
La sentencia describe un proceso de aislamiento funcional, invisibilización profesional y deterioro de la salud mental de la trabajadora, consecuencias directamente vinculadas a la actuación del Ayuntamiento en el ámbito del área de Igualdad.
La resolución es clara: el Ayuntamiento no supo justificar la exclusión de una profesional especializada en violencia de género, recurriendo a criterios generalistas para un servicio que exige formación y experiencia específica, tal y como había advertido el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia.
Esta mala gestión no solo ha vulnerado derechos fundamentales, sino que va a tener un coste económico directo para el municipio, que deberá indemnizar y reincorporar a la trabajadora despedida de forma irregular.
Desde una concejalía que presume de compromiso con la igualdad y la protección de las mujeres, lo ocurrido es especialmente grave.
No se trata de una discrepancia política ni de una cuestión administrativa menor, sino de una condena judicial por vulneración de derechos fundamentales en un servicio especialmente sensible.
Por todo ello, exigimos la dimisión inmediata de la concejala Nani Navarro.
Lo que se esperaba tras conocerse la sentencia era una comparecencia pública pidiendo disculpas, reconociendo los hechos y asumiendo responsabilidades. La realidad ha sido una nueva huida hacia delante que traslada el coste político, económico y moral de esta gestión al conjunto del pueblo de Alhama de Murcia.
Cuando una sentencia acredita vulneraciones tan graves, no basta con echar balones fuera. La responsabilidad política debe asumirse. Y en este caso, la única salida digna es la dimisión.