Casi dos años de torturas, maltratos, violaciones y secuestro. Casi dos años en los que la sociedad no vio. Los vecinos no hablaron. Los protocolos no funcionaron. La administración falló. Y cuando por fin escapó, lo hizo sola.
El caso de la mujer retenida en Murcia (cuyo infierno comenzó tras su desaparición denunciada en 2024) no es un suceso excepcional ni una anomalía estadística. Es la expresión extrema de una violencia estructural que el feminismo lleva décadas denunciando: la violencia contra las mujeres no es un accidente, es una herramienta de control sostenida por desigualdades materiales, y alimentada por discursos de odio que banalizan la violencia.
Desde estos sectores se tachará al agresor de "monstruo". Se dirá que es un caso aislado, que "no todos los hombres" (aunque siempre, siempre son hombres) y se agitará la bandera de la prisión permanente revisable, el ataque a la ley de "sólo sí es sí" y demás discursos ya bastante manidos que sólo contribuyen a enturbiar el debate. Y mientras, se siguen sucediendo los casos de mujeres asesinadas (dos el año pasado en la región), agredidas física y sexualmente, en riesgo de perder su vida.
Cuando una mujer puede estar casi dos años encerrada sin que el sistema la rescate, el problema no es solo el secuestrador: es el entramado que permitió que eso ocurriera. Porque cuando una mujer desaparece, demasiadas veces la sospecha inicial recae sobre ella: ¿se fue voluntariamente?, ¿rompió con su entorno?, ¿quiso empezar de cero? Esa presunción, que rara vez se aplica a los hombres en contextos similares, es ya una forma de negligencia patriarcal. La desaparición de una mujer en un contexto de posible violencia debería activar automáticamente la máxima alerta. No la duda.
Otra pregunta que inevitablemente nos hacemos es: ¿Todas las mujeres desaparecidas movilizan los mismos recursos y generan la misma alarma social? La respuesta , lamentablemente, es NO. Las mujeres pobres, migrantes o sin redes familiares fuertes enfrentan una doble o triple vulnerabilidad. Cuando las feministas hablamos de interseccionalidad no lo hacemos como consigna académica, sino como diagnóstico político: el cruce entre género, clase y origen multiplica el riesgo y reduce la protección. Por eso, los protocolos deben hacerse desde esta mirada.
Tras años de luchas, España es un país que cuenta con marcos legales avanzados en materia de violencia de género. Sin embargo, la ley no basta cuando los recursos son insuficientes, cuando la coordinación falla y cuando la prevención se subordina a la gestión del daño ya consumado.
No es aceptable que una desaparición prolongada no active búsquedas sistemáticas, revisiones periódicas de hipótesis y mecanismos de seguimiento intensivo. No es aceptable que la posibilidad de secuestro o violencia machista no sea central desde el primer momento. No es aceptable que los sistemas informáticos no crucen datos entre sí para poder ayudar con mayor celeridad y ahínco a las víctimas. Y tampoco es aceptable que la respuesta pública, en el mejor de los casos, se limite a celebrar la detención del agresor. En el peor: el silencio de Ballesta y López Miras retrata la falta de sensibilidad y humanidad ante esta barbarie. Una Región en la que las políticas destinadas a la prevención de la violencia de género tienen un presupuesto cero.
Salma sobrevivió sola. Se salvó sola. Pero nunca debió haber pasado por ese calvario. Si entendemos que lo sucedido no es un caso aislado, sino una grieta que deja ver la estructura, quizás estemos a tiempo de salvar a todas las Salmas que estén pasando por lo mismo.
Porque nadie, nadie, debería salvarse sola.
Si (
No(
