Asistimos, atónitos, a imágenes de cómo la Policía sofoca una protesta descontrolada frente a la calle Ferraz de Madrid, sede del PSOE, en la que hemos visto, entre otros, a memorables personajes como Esperanza Aguirre o Santiago Abascal, arengando a las masas en una fuerte oleada de protesta de la derecha contra la ley de Amnistía hacia los independentistas que desbloquearía la investidura de Pedro Sánchez.
Parece que, contra todo pronóstico de los que acusaban al Gobierno de posicionarse junto a violentos, 'batasunos', etc., ha sido la derecha la que ha acabado dando una imagen de radicalidad con la cual, estoy seguro, no debe sentirse nada cómodo Feijóo; no así otros líderes de la derecha que no han dudado en enviar mensajes alarmistas de la destrucción del Estado de derecho a causa de la amnistía. No es la primera vez, sin embargo.
En España, tenemos el antecedente de la Ley de Amnistía de 1977, que se utilizó en el contexto del llamado 'espíritu de la transición' para hacer tabula rasa y evitar el incremento de la violencia política en un contexto de legalización de la oposición democrática, terrorismo, etc. La ley fue aprobada en el Congreso por UCD, PSOE, PSP, PCE, vascos y catalanes, pero en uno de los grupos de la derecha, Alianza Popular, antecedente directo del PP, los resultados fueron abstención y dos votos en contra.
Tal y como recoge El País, Antonio Carro, exministro franquista y miembro de Alianza Popular, comentó: "Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad”.
Paradojas del destino, la Ley de Amnistía, con el paso del tiempo, ha sido defendida por esa misma derecha como un 'pasar página', mientras que fue vista, desde parte de la izquierda, de manera crítica, dado que permitió el olvido de crímenes políticos cometidos desde las filas funcionariales del Estado franquista.
Personalmente, no me hace especial ilusión que este debate se emponzoñe políticamente, pero entiendo que es inevitable dado que, siendo sincero, la amnistía tampoco es una obra de gracia de la izquierda, sino que forma parte de las negociaciones políticas. Lo que sí me da que conjeturar, y debe ser porque soy un malpensado, es por qué, no solo desde la política, sino también desde algunos organismos judiciales, justo ahora se están abriendo determinadas causas contra independentistas. También me da que pensar por qué determinados medios de comunicación de los más leídos y vistos en España juegan con los datos y sitúan a la medida como impopular, como por ejemplo un diario que hace unos días dijo que Sánchez había “pinchado” en su votación interna del PSOE en Castilla-La Mancha porque uno de cada cinco socialistas la había rechazado. Así pues, ¿que cuatro quintos de los socialistas votasen a favor de sus negociaciones es “pinchar”?
De verdad que entiendo el debate, entiendo las reticencias a la amnistía, entiendo que es cuestionable la maraña de cosas que aconteció en Cataluña en 2017; yo tengo forjada mi propia opinión, en base a lo que yo conozco, he visto y leído, pero no tengo ningún problema en admitir que haya quien no piense como yo, y que haya errores en mis ideas. Lo que sí tengo claro es una cosa: yo, independientemente de cuál fuese mi opinión respecto a esto, trataría de alejarme lo máximo de grupúsculos radicales y ultras. Si los mismos acuden a las concentraciones de los partidos de derechas, es como para plantearse un par de cosas.
Si (
No(
