El caso de Paula en el colegio Sierra Espuña es una muestra más de la falta de compromiso del Gobierno regional del Partido Popular con la educación pública y la inclusión.
Que en pleno 2026 una niña tenga que enfrentarse a 22 escalones para poder acceder con normalidad a su colegio demuestra que la accesibilidad y la igualdad de oportunidades siguen sin ser una prioridad para la Comunidad Autónoma.
Las infraestructuras educativas son competencia del Ejecutivo regional, pero una vez más vemos cómo mira hacia otro lado mientras los ayuntamientos tienen que asumir responsabilidades que no les corresponden.
Nuestro Ayuntamiento destina alrededor de un millón de euros al año de su presupuesto municipal a competencias impropias de la Comunidad Autónoma, dinero que podría invertirse en servicios municipales, infraestructuras o mejoras para nuestros vecinos y vecinas.
La inclusión educativa no puede depender de la voluntad de las familias ni del esfuerzo de los ayuntamientos. Es responsabilidad del Gobierno regional garantizar que todos los centros educativos sean accesibles y que ningún niño quede atrás.