La portavoz del Partido Popular, Miriam Díaz, que además es abogada, ha defendido alegaciones contra la plantilla de personal y contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) basadas en artículos de leyes mal citados, apartados que no existen y sentencias que no tienen nada que ver con lo que se estaba debatiendo o que ni siquiera se localizan.
No hablamos de un despiste aislado, sino de una cadena de errores muy serios. En esas alegaciones se han llegado a mezclar artículos de distintas leyes, a citar apartados que no existen y a usar sentencias del Supremo que tratan asuntos que nada tienen que ver con la plantilla o la RPT.
Para que cualquiera lo entienda: es como si un médico recetara un medicamento leyendo mal el prospecto, inventándose dosis y efectos secundarios que no están escritos. Eso es lo que ha pasado aquí, pero con leyes y sentencias, delante de todo el pueblo.
Se cita un artículo como si hablara de los derechos de los vecinos y en realidad trata de otra cosa; se menciona un apartado de un artículo que, cuando abres la ley, simplemente no existe; se usa una sentencia del Supremo que trata de cómo cobrar deudas para decir que una RPT es ilegal, y se da por buena otra sentencia que luego nadie encuentra con esos datos. Si cualquier vecino viera ese nivel de 'rigor' en un banco al firmar una hipoteca, o en un abogado al llevarle un juicio, se echaría las manos a la cabeza. Aquí, en cambio, se ha usado ese tipo de argumentos para intentar convencer de que las decisiones del Ayuntamiento son ilegales.
Dicho claro: se ha intentado convencer a los vecinos de que “la ley dice” cosas que, cuando uno va al BOE o a las sentencias, no aparecen por ningún sitio.
No es un error cualquiera: es muy grave en una persona que es abogada
Todos nos podemos equivocar. Pero cuando quien firma y defiende esos escritos es una persona titulada en Derecho, que se presenta como referencia jurídica en el Pleno, la gravedad es mucho mayor.
No estamos hablando de un simple matiz:
- Se citan artículos de leyes que, leídos literalmente, no dicen lo que se ha afirmado en las alegaciones.
- Se mencionan apartados que no existen.
- Se invocan sentencias del Tribunal Supremo que tratan de temas totalmente ajenos a la plantilla o a la RPT, o que no se encuentran con los datos que se dan.
A nuestros vecinos se les ha trasladado la idea de que los acuerdos del Ayuntamiento son “ilegales” y están “mal hechos”, apoyándose en textos jurídicos que, cuando se comprueban con calma, no sostienen ese discurso.
Para nosotros esto es muy serio, y lo es todavía más cuando quien lo hace es alguien que no pierde ocasión de recordar que es abogada.
“Abogados por peluqueras”
El día de la moción de censura, la propia Miriam Díaz pronunció en el Pleno una frase que muchos vecinos y vecinas recuerdan: “Se cambian abogados por peluqueras”.
Una frase que sonó a desprecio hacia otras profesiones y a superioridad por tener un título de Derecho.
Hoy, viendo las alegaciones que ha presentado y defendido, la realidad es justo la contraria: quien presume de ser abogada es quien firma escritos con leyes mal citadas y sentencias que no encajan, mientras se cuestiona a personas que, sin ese título, están trabajando con más rigor y humildad.
Desde Alhama@Una queremos dejar claro nuestro respeto absoluto a todas las profesiones: peluqueras, abogados, administrativos, operarios, técnicos… Lo que pedimos no es un título en el currículum, sino respeto, verdad y responsabilidad cuando se habla en nombre de los vecinos y vecinas de Alhama.
Acusaciones y amenazas
A todo esto se suma algo todavía más grave. En el debate político se han lanzado insinuaciones sobre supuestos chantajes, presiones o amenazas atribuidas al concejal de Alhama@Una.
Aquí queremos ser muy claros con nuestros vecinos y vecinas:
- Si la señora Díaz tiene conocimiento de chantajes o amenazas por parte de cualquier concejal, lo que corresponde es que lo denuncie formalmente, con nombres, fechas, lugares y las pruebas que tenga.
- Lo que no se puede hacer es soltar palabras tan graves de forma genérica, sin concretar nada y sin llevarlo a donde corresponde (juzgado, Fiscalía, o el órgano que proceda).
Por eso, desde Alhama@Una le pedimos públicamente a la portavoz del PP:
1. Que explique con pelos y señales qué chantajes o amenazas atribuye al concejal de Alhama@Una: qué se dijo exactamente, cuándo, dónde y ante quién.
2. Que aporte las pruebas de esas acusaciones si las tiene.
3. Y, si no puede hacerlo, que rectifique públicamente esas palabras ante los vecinos y vecinas de Alhama.
Las instituciones no pueden convertirse en un lugar donde se lanzan acusaciones muy graves “al aire” para hacer daño político y, después, nadie asume responsabilidades.
Lo que defendemos
Desde Alhama@Una queremos trasladar a nuestros vecinos y vecinas tres mensajes sencillos:
- Rigor y verdad.
Cuando se hable de leyes y sentencias, que sea con el texto delante y sin inventar artículos ni apartados. No se puede jugar con la palabra “ilegalidad” usando leyes que no dicen lo que se afirma.
- Respeto a todas las profesiones.
Nadie es más que nadie por su título. Frases como “Se cambian abogados por peluqueras” no representan el Alhama que queremos: un pueblo donde se respete por igual a quien trabaja con tijeras, con un teclado o con un código civil.
- Responsabilidad en las palabras.
Si se habla de chantajes y amenazas, hay que demostrarlo. Si no, toca rectificar. Lo contrario daña no solo a las personas aludidas, sino también la confianza de nuestros vecinos y vecinas en su Ayuntamiento.
Seguiremos defendiendo nuestros acuerdos con papeles, con hechos y con educación. Y seguiremos pidiendo lo mismo a quienes nos critican: menos teatro y más verdad.