Uno de los elementos distintivos en el punto de arranque de esta legislatura ha sido que el Congreso de los Diputados, con presidencia del PSOE y mesa con mayoría de PSOE y Sumar, permitirá el uso de lenguas cooficiales (catalán, gallego y euskera) en los debates. Lo sorprendente de la medida, a mi parecer, es el hecho de que haya llegado tan tarde en un sistema político profundamente descentralizado desde 1978. Al menos, los diputados de la derecha ya no tendrán que hablar catalán sólo en la intimidad, como hacía Aznar, sino que podrán hacerlo en el hemiciclo.
La medida, evidentemente, ha provocado que la extrema derecha, defensora última de la nación española, se rasgue las vestiduras: los diputados de Vox han salido de la cámara dejando los pinganillos que el Congreso había adquirido en el escaño de Pedro Sánchez, ante a estupefacción de Yolanda Díaz, que se encontraba aplaudiendo al lado, y probablemente también del resto de los presentes. El detonante había sido que un diputado del PSOE había comenzado a hablar en gallego. Para mí, no deja de ser una bella metáfora que dichos diputados de la formación ultraderechista hayan salido escopeteados al oír a alguien hablando en una lengua española; ello tan sólo denota el desprecio que en el fondo sienten hacia la cultura propia, en toda su extensión, cuando ésta no es el grotesco espectáculo 'Spain is different' que basa su identidad en cuatro tópicos quemados hasta la náusea.
Las diversidad lingüística en España existe, no hay más vuelta de hoja; poco después de normativizarse el castellano y que pasase a convertirse en lengua española, como la propia de la nación, también se comenzó a normativizar el catalán. En la Segunda República, se hizo idioma cooficial en Cataluña con la creación de su autonomía (1932), e incluso en el tardofranquismo, la Ley General de Educación (1970) y un posterior decreto, reconocía la posibilidad de enseñar lenguas nativas además del castellano. La Constitución y los Estatutos de Autonomía, que tanto han despreciado voces de la extrema derecha como disolventes de la nación española, tan sólo ratificaron lo que era una realidad, la cooficialidad lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.
Lo que peor llevo de esta cruzada anticultural es que quienes la defienden acusen a la izquierda de antiespañoles, porque está claro que para ellos, ser español no es una condición de ciudadanía, sino enmarcarse dentro de unos roles muy limitados y anticuados. Y digo que lo llevo mal, porque me gustaría saber cuántos de ellos, defensores de la lengua del Imperio, no llevan a sus hijos a colegios privados obsesionados con el bilingüismo que hasta la historia de España la dan en inglés. Pero si se trata del inglés, entonces no hay problema, puesto que en la jerarquía es una lengua más importante que la española; en el fondo, mucha gente tiene bien interiorizado el rol que juega la españolidad. Es fácil decirle a un conciudadano que habla otra lengua cooficial “aquí tú hablas en español”, pero jamás los verán diciéndoselo a un vecino europeo.
Ojo, que también han esgrimido otro argumento: el coste que la traducción simultánea puede tener. Creo que no es necesario detenerse mucho en este punto; según he leído en el bolchevique diario 'El Economista', el coste del material ha sido de unos 53.000 euros más los traductores; honestamente, hay rotondas de pueblos de España que nos han costado bastante más.
En fin, si al menos el hecho de que se hable gallego en el Congreso ha servido para que los diputados de Vox se cojan un día libre, que les siente bien el almuerzo.
Si (
No(
