Lo de eliminar la desgravación fiscal de las declaraciones de renta familiares en las que uno de los miembros de la pareja no trabaja, está en el paro, tiene jornada reducida, está en ERTE o trabaja a tiempo parcial va a costar de media a las familias en estas situaciones 1150 euros al año. Un sueldo, vamos. Una subida impositiva brutal e injustificada que recae especialmente en la clase media en peligro de dejar de serlo.
Vender esta medida como algo positivo “para incentivar el acceso al mundo laboral de las mujeres” es, además de una mamarrachada sin gracia, una sobrada machista que pretende obviar que en muchas familias, si uno de sus miembros está en paro no es precisamente por voluntad propia y son muchas las familias en las que el principal o único proveedor es una mujer.
No, esta medida no beneficia a las mujeres, de ninguna manera. Esta medida ataca directamente a las familias como entidades de cuidado y apoyo mutuo y olvida que esos cuidados que las familias ofrecen a sus miembros ahorran mucho más dinero al Estado que el que sería necesario gastar si no pudieran ofrecerlos.
Después de que se haya hecho pública esta medida contenida en el “Plan de Recuperación” que se mandó a Bruselas el viernes y que se ha mantenido prácticamente en secreto para que no influya demasiado en las elecciones madrileñas, y tras las reacciones que se han sucedido a lo largo del domingo, el gobierno dice ahora “que se replantea su postura” y “aunque no renuncia a su medida, la reevaluará”.
Vayan ahorrando, que el año que viene es posible que tengan que entramparse para pagar el IRPF.