Imputado por prevaricación

Dice la Wikipedia que “prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, y que es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público”, precisamente por aquello por lo que está imputado nuestro ex alcalde, el señor Don Diego Conesa.

Prevaricación. Prevaricador era la palabra que buscaba el concejal Juan Romero para calificar a este nuestro gobierno municipal en su negativa a cumplir el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alhama, aprobado por este mismo Diego Conesa. A Juan la palabra que le salió en el pleno fue “insumiso” (insumiso a la ley), lo que es justificable por el momento de estupor que se vivía ante la comisión flagrante del delito que supone que te reconvengan públicamente a cumplir la ley y te niegues a cumplirla, pero la palabra que necesitaba era otra, era prevaricador.

Dice el código ético del PSOE que “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria", señala el texto, que añade que, "en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido". ¿Ustedes creen que quien se salta la ley va a hacer caso al código ético de su partido? Yo tampoco.

Los diputados de la Región de Murcia siguen aforados porque el PSOE se ha negado esta misma semana a tramitar la modificación del Estatuto de la Región en la que dejaban de serlo, postergando esa aprobación hasta febrero. Diego Conesa afirma en los medios que “renunciará a su aforamiento”, algo solo posible si renuncia también a su escaño regional. ¿Ustedes le creen? Yo tampoco.