Sánchez anuncia unos 'Pactos de la Moncloa' para la economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este sábado de la prórroga del estado de alarma por quince días más hasta el 26 de abril.

En su comparecencia ha explicado que el equipo de Gobierno está trabajando en el plan de recuperación económica que se pondrá en marcha una vez superada la crisis sanitaria.

Unas medidas de recuperación que quiere consensuar, ha dicho, con los grupos de la oposición en el Congreso en lo que ha llamado unos nuevos "Pactos de La Moncloa".

Igualmente, a preguntas de los periodistas, Sánchez ha precisado que el "permiso retribuido recuperable" no se prolongará más allá de la semana que viene, cuando finalice la Semana Santa.

Por el momento estas han sido las medidas de carácter económico que se han puesto en marcha:

Apoyo a las empresas y los autónomos

• Se ha creado una línea de avales del Estado a través del ICO por importe de 100.000 millones para empresas y autónomos, de manera que puedan cubrir necesidades de financiación.
• Las empresas podrán solicitar créditos a la banca privada contando con el aval del Estado.
• Se ha reforzado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que la caída de la cotización de las empresas españolas las haga presas de compañías de fuera de la Unión Europea.
• Se crea una línea dotada con 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras.
• Se va a dotar con 250 millones la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento.
• Para la protección del empleo de pymes y autónomos, se ha aprobado una moratoria de seis meses para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, hasta un máximo de 30.000 euros, que permitirá inyectar 14.000 millones al sistema productivo. Y para las bajas temporales, la Seguridad Social abonará el 75% de los salarios.
• Para proteger a los sectores productivos más afectados por la crisis como el transporte y el turismo, se ha dotado una línea del ICO con más 400 millones para empresas turísticas, transporte y hoteleras.
• Para preservar empleo, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020. Además, se van a flexibilizar los derechos de uso (slots) para que las compañías aéreas decidan si los usan o no sin miedo a perderlos.
• Se van a movilizar más de 200.000 millones de euros para contrarrestar la fuerte caída de actividad, (117.000 millones de euros proceden del sector público, el resto, llegará del sector privado).
• Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
• Los autónomos y las autónomas que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.
• Se incluyen en la moratoria de las hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos y autónomas.
• Se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectadas por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender el pago. Las cantidades adecuadas se abonarán como máximo a los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
• Se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas a la Secretaria General de Industria y de la Pyme. Se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales.
• Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento).
• Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para participación en ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.
• Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaria de Estado de Turismo.
• Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia.
• Se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles.
• Se amplía en dos meses desde la finalización del estado de alarma los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas.

Apoyo a las Comunidades Autónomas

• Las CCAA podrán solicitar de forma anticipada parte de la liquidación (el 50%) correspondiente a 2018, que se eleva a casi 10.000 millones de euros.
• Se han aprobado las cuantías del II Trimestre del Fondo de Financiación a CCAA en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, inyectándose en las CCAA 3.134,78 millones de euros.
• Se han agilizado los procedimientos para autorizar avales y fianzas.
• Para que las CCAA puedan prorrogar o mejorar sus programas de avales a Pymes ya existentes, se les exime de la necesidad de autorización por parte del Consejo de Ministros.
• Se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía para que pueda otorgar garantías, por un importe máximo de 20 millones de euros, en el marco de una línea de avales creada por la Junta de Andalucía para luchar contra los efectos de la evolución del Coronavirus (Covid-19).

Otras medidas económicas

• Se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo.
• Se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran.
• En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.