Desde Izquierda Unida Alhama han presentado una moción en el Ayuntamiento con una serie de medidas de índole económica y social para paliar los efectos de la crisis sanitaria por el coronavirus.
En la moción recoge hasta diez propuestas en el marco de la situación excepcional de Estado de Alarma por la pandemia:
"Moción para la adopción de medidas municipales urgentes de protección social y estímulo económico ante la crisis del covid-19
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis del coronavirus y sus consecuencias sanitarias ha propiciado la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España y la adopción de diferentes medidas preventivas a todos los niveles.
Los Gobiernos municipales están llevando a cabo diversas propuestas para frenar la expansión del COVID-19. La labor de la policía local para garantizar el cierre efectivo de todos los establecimientos no autorizados y las medidas de prevención de riesgos en las plantillas municipales son eficaces para prevenir los contagios, pero no debemos reducir esta crisis a su dimensión sanitaria. Los componentes psicosociales y económicos también deben ser contemplados en la elaboración de planes de acción por parte de las administraciones locales.
Existe un amplio consenso internacional en que la salud no se reduce a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que entraña ”un estado de completo bienestar físico, mental y social” (OMS).
Con el objetivo de frenar este impacto social, el Gobierno de España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de las corporaciones locales (Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo), en el ejercicio de sus competencias de protección y promoción social.
Este Real Decreto establece transferencias a las Comunidades Autónomas, con cargo al suplemento de crédito, “para financiar las prestaciones de los servicios sociales de las CCAA, diputaciones provinciales y corporaciones locales, que tengan por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19”.
Estos fondos pueden destinarse a la financiación de proyectos y contrataciones para ofrecer prestaciones como: “a) reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, apoyo, seguridad y alimentación de personas mayores, dependientes o con discapacidad, incluyendo la ayuda a domicilio en todas sus modalidades, b) reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia, c) trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, en compensación por la suspensión de atención diurna en centros, d) reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, e) reforzar las plantillas de Servicios Sociales y centros residenciales, realizar sustituciones por prevención, contagio, prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla, f) adquisición de medios de prevención (EPI), g) ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias para cubrir sus necesidades básicas, h) reforzar los servicios de respiro a personas cuidadoras y medidas de conciliación para familias con bajos ingresos que necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones urgentes, i) otras medidas que las CCAA, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas”.
Este Real Decreto Ley también permite destinar “el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social”. Esto permite a algunos Ayuntamientos reforzar sus recursos en Servicios Sociales para impulsar medidas de protección y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las Entidades Locales que no pueden acogerse a estas disposiciones normativas debido a las limitaciones presupuestarias, la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a crisis como las que estamos viviendo.
En ese sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, entendemos que el Gobierno Central debe seguir ampliando las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica.
La mayoría de los establecimientos han cerrado sus puertas y las familias respetan escrupulosamente las medidas de aislamiento. La sociedad demuestra un elevado sentido de su responsabilidad en la prevención de la enfermedad. Pero las consecuencias a nivel psicosocial, social y laboral están siendo devastadoras. El pequeño comercio y el sector de la restauración sufren cuantiosas pérdidas diarias. La cascada de ERTEs destruye empleo a un ritmo frenético, incidiendo peligrosamente en el riesgo de exclusión social y la calidad de vida relacionada con la salud de las familias trabajadoras.
Las administraciones locales deben responder impulsando medidas psicosociales, fiscales, de reparación y estímulo económico que amortigüen el grave impacto de esta crisis en las dimensiones psicológica y social de la población local.
Los servicios de atención social son una parte importantísima del Estado de Bienestar y ninguna administración como la Administración Local es conocedora de la situación y necesidades de los vecinos de cada municipio. Por ello, aunque tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han anunciado medidas de apoyo a distintos colectivos, proponemos que dichas ayudas se canalicen y se potencien a través de los servicios sociales municipales, ya que será la forma más rápida y efectiva de que lleguen a sus beneficiarios.
En definitiva, esta moción tiene como objetivo adoptar una serie de medidas urgentes para garantizar la protección social y el estímulo económico ante esta crisis sanitaria. En resumen, recogemos las siguientes medidas:
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Que, con carácter de urgencia, se implante un programa extraordinario de asistencia social primaria para las familias en riesgo de exclusión, reforzando la actual plantilla de Servicios Sociales e incrementando la partida presupuestaria actual mediante las transferencias de crédito oportunas y las ayudas que lleguen del Estado o de la Comunidad Autónoma. Esta línea de ayudas se destinará, entre otras cosas, para el pago de recibos de agua, luz, alimentos, alquiler y enseres básicos.
SEGUNDO. Que se estudie la posibilidad de utilizar espacios municipales como el pabellón cubierto o impulsar acuerdos de colaboración con establecimientos hoteleros, albergues, asociaciones y otros con instalaciones adecuadas para hospedar a personas sin techo o alojadas en infraviviendas durante la crisis del coronavirus.
TERCERO. Que, con carácter de urgencia, se diseñe un Programa de Empleo Municipal que comenzará a aplicarse de forma inmediata tras la finalización de la actual crisis del coronavirus, enfocado a los colectivos más vulnerables y con perspectiva de género: oferta de locales de coworking, ayudas a la contratación, línea de ayudas económicas a los pequeños y medianos establecimientos..
CUARTO. Que se realicen los trámites necesarios para aplicar aplazamientos, bonificaciones o exenciones en alquileres públicos, impuestos, tasas y precios públicos a las personas desempleadas y los pequeños y medianos establecimientos que hayan cerrado durante la crisis del coronavirus. Los aplazamientos, bonificaciones y exenciones tributarias a PYMES se condicionarán a su adopción de medidas de protección de las trabajadoras y trabajadores.
QUINTO. Que, para compensar la pérdida de ingresos, se introduzcan medidas como:
SEXTO. Que, con carácter de urgencia, se diseñe un Programa de Dinamización del Pequeño Comercio y de Proximidad que comenzará a aplicarse de forma inmediata tras la finalización de la actual crisis del coronavirus. En el diseño de este programa se incluirán actuaciones como campañas promocionales, celebración de ferias gastronómicas, actividades artísticas y culturales, ponencias, jornadas y otras para la dinamización del sector de forma inmediata a la finalización de la crisis.
SÉTIMO. Que se inicie urgentemente un Plan municipal especial de Limpieza especializada en las zonas céntricas y comerciales del municipio. Se prestará especial atención a las vías de entrada de farmacias, supermercados, entidades bancarias, cajeros automáticos, contenedores de residuos urbanos y otros con alta afluencia de personas durante la crisis.
OCTAVO. Que la Policía Local, en su ámbito de competencias, proceda a inmovilizar todo vehículo de transporte de pasajeros, ya sea de línea regular o para el transporte de trabajadores y trabajadoras a las fincas, que no cumpla las medidas de prevención contra el contagio del COVID-19 (distancia entre pasajeros, uso de mascarillas, etcétera).
NOVENO. Que se refuerce la atención y asistencia a las personas en riesgo de exclusión o en situación de soledad. Se habilitará una línea municipal de asistencia y atención psicológica telefónica en colaboración con organizaciones sociales del municipio, impulsando una Red de Voluntariado desde el Ayuntamiento.
DÉCIMO. Para la evaluación permanente de la crisis en el municipio y el seguimiento de la aplicación de estas medidas se creará un Comité de Crisis con representación de todos los grupos municipales. Entre sus principales funciones, estará la de garantizar la dotación de los Equipos de Protección Individual a todas las trabajadoras y trabajadores públicos en el municipio.
UNDÉCIMO. Instar al Gobierno Central a ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica, a derogar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos y de mejorar los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado."