Una medida importante que aporta seguridad jurídica, transparencia y garantías tanto a los trabajadores como a la propia administración, asegurando que el esfuerzo adicional se reconozca con reglas claras y públicas.
Desde el Gobierno local siempre hemos defendido que los empleados públicos merecen normas justas, objetivas y bien fundamentadas, no decisiones improvisadas ni discrecionales que puedan ser utilizadas políticamente, como ha hecho estas semanas el Partido Popular.
Esta regularización cuenta con:
-Negociación sindical previa.
-Informes favorables de Personal, Secretaría e Intervención.
-Aprobación por el Pleno.
-Un procedimiento claro y revisable en el tiempo.
Este avance no parte de cero, en los presupuestos de 2023 el PSOE dejó prevista una partida de 48.000 euros para realizar un estudio técnico de consultoría que permitiera abordar esta regularización con rigor.
Sin embargo, durante los 19 meses de Gobierno del Partido Popular y María Cánovas, ese crédito se dejó perder, renunciando a una oportunidad de mejorar las condiciones del personal municipal.
Hoy, pese a ese retraso, hemos conseguido sacar adelante una regulación sólida, trabajada y avalada jurídicamente.
-Defender lo público es también defender a quienes trabajan en ello.
-La buena gestión se basa en reglas claras y seguridad jurídica.
-Los derechos laborales se garantizan con hechos, no con discursos vacíos ni denuncias falsas.