Los veterinarios protestarán de este modo contra la entrada en vigor de un real decreto "que ha colmado el vaso", afirma Ángel Roa, propietario de Centro Veterinario Alhama, que habla también en nombre de las clínicas veterinarias Tucán y Cachorros de nuestro municipio. Y han tomado esta medida porque "los veterinarios nos vemos en una situación en la que prácticamente es imposible trabajar con normalidad", denuncia.
El real decreto, explica Roa, limita la prescripción de medicamentos que los veterinarios pueden administrar según cada caso, patología o especie.
Resistencia antibiótica
El objetivo de la medida legislativa que entra en vigor este martes es luchar contra las resistencias antibióticas, ya que estos medicamentos están perdiendo efectividad debido a su uso indiscriminado. Los veterinarios, afirma Roa, están a favor de este tipo de iniciativas, "pero la forma en la que está planteado ese control es un auténtico disparate".
Explica, por ejemplo, que los veterinarios pueden ceñirse a las indicaciones recogidas en los prospectos de cada medicamento, ya que "el éxito en el tratamiento de nuestras mascotas estaría seriamente comprometida" porque esas dosis están desactualizadas con los estudios más recientes.
Además, cambia el sistema de administrar los medicamentos. Hasta ahora, las clínicas veterinarias dispensaban medicinas para un tratamiento. Ahora, con el nuevo decreto, deben recetar medicamentos que los propietarios de las mascotas tienen que adquirir en las farmacias. Allí deberán comprarlos en formatos clínicos, es decir, que si el veterinario prescribe dos o tres pastillas para un perro, su dueño deberá adquirir una caja con 24, 60 o 100 comprimidos. De este modo, se encarece el tratamiento y se genera una mayor residuo de antibióticos. "En vez de luchar contra la resistencia antibiótica, lo que estamos haciendo es favorecerla", denuncia Ángel Roa.
El real decreto también obliga a los veterinarios a empezar con el uso de un grupo de antibióticos para pasar al siguiente grupo si el tratamiento no funcionan hasta llegar al medicamento adecuado. Este método, denuncian, se retrasa la sanación de los animales, lo que puede tener consecuencias nefastas en los casos más graves.
Burocracia
El real decreto también acarrea un incremento en la carga burocrática para las clínicas veterinarias ya que a través de una plataforma deben informar al Ministerio del uso realizado de cada antibiótico.
En principio, los veterinarios no se oponen a esta carga burocrática. No obstante, señalan que la resistencia a antibióticos causada por la administración de estos medicamentos en pequeños animales en Europa sólo representa el 0'1% del total. A pesar de ese dato, la obligación de esta medida no afecta a los médicos, dentistas o cualquier profesional sanitario que atiende a personas, donde se registran las tasas más elevadas.
También denuncian que la actividad veterinaria esté gravada con un 21% de IVA, "lo que no ocurre en ninguna otra profesión sanitaria".
Sanciones millonarias
Y a todo esto se suman las sanciones previstas en caso de no cumplir lo ordenado en el real decreto. La multa mínima es de 1,2 millones de euros. "Tú vienes con tu perro en un estado muy grave y yo voy a tratar a ese perro con el antibiótico que yo considere necesario y en el momento que considere necesario. Por hacer eso, por salvaguardar la salud de tu mascota, me estoy exponiendo a una sanción que arranca en 1.200.000 euros", critica Ángel Roa.