Explican en su sentencia que la acusada alquiló una nave en el paraje de Casas Nuevas. Allí llegaron entre los meses de marzo y junio los limones y naranjas comprados.
Los agricultores entregaron la fruta confiados en que cobrarían el precio acordado ya que habían intervenido intermediarios de la empresa conocidos por que eran vecinos de la zona.
Sin embargo, los magistrados señalan que la acusada, que era administradora única de la empresa, no cumplió lo pactado.
Ésta reconoció los hechos durante el juicio. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a los perjudicados con sumas de entre 1.140 y 7.800 euros.