Este acto de violencia es inaceptable y contraviene los principios fundamentales de los derechos humanos y la libertad de expresión. Los estudiantes, en su legítimo ejercicio de protesta, no sólo merecen ser escuchados, sino que también tienen derecho a manifestarse sin temor a represalias.
La acción de la Policía no sólo fue desproporcionada, sino que también generó un ambiente de miedo e intimidación entre jóvenes que buscan expresar sus preocupaciones sobre la incertidumbre y desconocimiento de bases de las próximas pruebas de Selectividad. Este tipo de respuestas no contribuyen al diálogo ni a la resolución pacífica de conflictos, sino que, por el contrario, exacerban las tensiones y socavan la confianza en nuestras instituciones.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que:
-Revisen los protocolos de actuación de la Policía en situaciones de protesta, garantizando que se priorice el diálogo y la mediación en lugar del uso de la fuerza.
-Se lleven a cabo investigaciones transparentes sobre el uso de la fuerza en este incidente y se responsabilice a quienes actúen fuera de los límites legales.
-Promuevan espacios de diálogo con los estudiantes y la comunidad para abordar las preocupaciones planteadas y buscar soluciones conjuntas.
Es fundamental recordar que la juventud es el futuro de nuestra sociedad, y sus voces deben ser valoradas y respetadas. La respuesta violenta no sólo es un error táctico, sino un golpe a los principios democráticos que todos defendemos.