Personas que sean condenadas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad podrán cumplir la sentencia en Alhama mediante la prestación de determinadas actividades de utilidad pública. Así se recoge en el convenio que ha firmado la alcaldesa Mariola Guevara con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El acuerdo establece que el Ayuntamiento deberá ofertar un número de plazas para que los penados puedan realizar esos trabajos. Además, asume el compromiso de impartirles los conocimientos necesarios para la actividad a realizar y de facilitarles el material necesario para llevar a cabo esa labor. No obstante, en el documento, firmado a finales del pasado octubre, se advierte de que "la oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro del Ayuntamiento".
Sin sueldo y con supervisión
El trabajo que realicen los penados no tendrá ninguna retribución y en ningún caso conllevará las obligaciones propias de un contrato laboral. Además, quienes estén cumpliendo esta condena deberán seguir las directrices de la unidad en la que presten su tarea. De hecho, el Ayuntamiento se hace responsable de informar sobre el comportamiento del penado a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para que éstos a su vez puedan informar al juez.
Los responsables municipales tienen que controlar las ausencias del trabajo o abandonos injustificados y el rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible por parte de los penados.
También deberán informar en caso de que muestren oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación y, finalmente, cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a mantenerlos en la misma.
Este convenio tiene una vigencia de un año y puede ser prorrogado hasta otros cuatro.