Una cuestión importante en los pueblos, de la que sin embargo, pocas veces se habla o se discute, es la conveniencia o no de que los servicios públicos hagan la competencia a los servicios o negocios privados.
Supongamos un pueblo en el que no hay gimnasio. El Ayuntamiento puede montar uno y proporcionar ese servicio a los vecinos. Esto, en cierta forma, mejora objetivamente las condiciones de vida municipales. A la gente le gusta ir al gimnasio, por lo menos a alguna gente, y que esa gente haga ejercicio y mejore sus hábitos es algo deseable y positivo.
Ahora bien. ¿Qué precio debe cobrarse por ese servicio municipal? Si el precio está por debajo del coste de prestación del servicio, se va a generar una carga al Presupuesto a la misma vez que una barrera al establecimiento de un gimnasio privado, que difícilmente va a poder competir con la Administración. Si el coste es excesivamente alto, es posible que no parezca haber suficiente demanda que justifique el establecimiento del gimnasio.
Supongamos un pueblo en el que ya hay un gimnasio o varios de iniciativa privada. ¿Sería justificable abrir un gimnasio municipal? ¿En qué condiciones? En el caso de cobrar menos por el mismo servicio ¿Sería justo que los usuarios de los gimnasios privados y los no usuarios de gimnasio subvencionaran a los usuarios del gimnasio municipal?¿Sería bueno para el pueblo? ¿Tendría sentido que se cobrara más en el gimnasio municipal por el mismo servicio?.
Una vez respondidas a estas preguntas ¿Qué pasaría si en lugar de un gimnasio estuviéramos hablando de una peluquería?
No creo que haya una respuesta fácil, ni desde luego una universal para esto, pero tampoco creo que sea una cuestión que los actuales miembros del gobierno municipal se hayan hecho, y es una pena, porque creo que todo el que aspire a gestionar algo público debe reflexionar sobre esto de vez en cuando.