En estos días hemos asistido, atónitos, a la simulación de dos delitos de odio contra el colectivo LGTBI. La primera, la perpetrada por la pareja de mujeres autodenominadas “Devermut” que tras cursar un “máster en igualdad de género”, vieron claro el nicho de negocio y se dejaron, la una la odontología y la otra su trabajo como ADE, para zambullirse de lleno en el negocio del género, con una marca de cervezas denominada “No me llames guapa”, un coworking para mujeres en Barcelona, una editorial llamada Icónica y una firma de “estrategia digital” denominada “Histérica”. La segunda, la de la supuesta víctima de violencia contra los homosexuales que afirmó que “una manada homófoba” le había atacado en Malasaña, grabándole a cuchillo en un glúteo la palabra “maricón”.
En ambos casos, las agresiones, después de generar bastante revuelo mediático e incluso debate político, han resultado ser denuncias falsas, una presumiblemente motivada con la intención de ganar notoriedad y proyección para las múltiples marcas que comercializa “Devermut”, y la otra, para encubrir a una pareja sentimental un juego sexual al que parece ser que no estaba invitado.
En los dos casos, el descubrimiento de la falsedad de los hechos denunciados ha sido posible por la existencia de grabaciones de seguridad. En cualquiera de los dos casos, si alguien se hubiera atrevido a dudar públicamente de la versión ofrecida por los denunciantes, hubiera sufrido linchamiento social y graves acusaciones de fomento del odio.
Este tipo de actuaciones, las denuncias falsas, son las que deberían ser objeto de absoluto rechazo social y estar penadas civil y penalmente. NO puede ser que este tipo de denuncias falsas salgan gratis, si lo hacen, esta impunidad será la que contribuya más a la polarización de la sociedad contra la que se dice luchar. No debemos ser tolerantes con aquellos que se aprovechan de los recovecos de un sistema pensado para proteger a los débiles.