La concejal y portavoz del Grupo Popular de Alhama, María Cánovas, ha comparecido este viernes junto a su compañero Víctor Pagán, para explicar los motivos por los que han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Diego Conesa y concejales del Ayuntamiento por delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental. Todo ello relacionado con el expediente urbanístico sobre los terrenos en los que se ubica el supermercado Cash Costto.
Tras las reacciones suscitadas a raíz de que se conociera esta denuncia, Cánovas ha denunciado el "uso partidista de los medios públicos del Ayuntamiento", en relación al comunicado emitido ayer jueves para "lavar la imagen de su líder" y ha afirmado que el PP de Alhama no ponen en duda la labor de los técnicos quienes "hacen una labor excepcional".
La líder popular alhameña ha asegurado que no van a ser "cómplices" de esta situación que llevan estudiando desde 2018. Ya entonces, recuerda Cánovas, el concejal Diego José Águila, preguntó en un pleno sobre este expediente. Momento en el que saltó la alarma en las filas populares. Además, asegura que seguirán realizando su labor de fiscalización.
Cánovas ha explicado que desde entonces llevan estudiando la información de este expediente que ha resultado ser "muy denso", no sin las dificultades en todos estos meses para poder acceder a la información "en tiempo y forma" a causa de las "trabas" que han tenido en el Ayuntamiento. Una vez recabada la información, ha sido necesario el asesoramiento de servicios jurídicos.
La concejal alhameña ha explicado que de ese expediente se han detectado presuntas irregularidades, ya puestas en conocimiento de la Fiscalía. Por una parte, se autorizó un uso comercial de una superficie de 4.179 metros cuadrados cuando el límite permitido es 1.200 metros cuadrados. La nave industrial existente se transformó en un espacio comercial, afirma Cánovas, sin la modificación del Plan Parcial y sin ejecutar la zona verde, requisitos para poder iniciar una actividad.
Igualmente, los populares consideran grave que no se retirara la cubierta de fibrocemento de la citada nave con el riesgo que conlleva para trabajadores y usuarios. Además, Cánovas cree que podría ser constitutivo de "delito de tráfico de influencias" el hecho de que el expediente se tramita "en un solo día", pues sostiene que en el mismo día se emite "el informe técnico, el concejal firma el decreto y la empresa presenta alegaciones".
Una vez el supermercado inició su actividad, los técnicos solicitaron la suspensión de la misma, explica Cánovas, "por incumpir las condiciones de la licencia", pero el concejal Caja "lo suspende y permite su continuidad".
Por otra parte, la popular alhameña afirma que "el Ayuntamiento legaliza las obras y el informe técnico se refieren a unas obras de modificación distintas a las del informe jurídico". Además, en el expediente, continúa Cánovas, no queda acreditado quién es el propietario de la nave o un justificante de que la empresa tiene el uso de esa nave industrial. "Todos sabemos que si no hubiese sido en este caso familiar de Conesa, el trato hacia el vecino de Alhama hubiera sido muy diferente", afirma Cánovas.
Por último, la líder popular alhameña afirma que el Ayuntamiento cursó una sanción a la empresa por una falta leve y en la que aplicó la sanción mínima del 1% sobre el valor de las obras. "Movimientos como estos y otros tantos otros, manchan el buen nombre de Alhama", ha zanjado Cánovas, quien ha reiterado que no serán "cómplices de esta situación".
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